Centrándonos en  España, y partiendo de la base de que la Península Ibérica es un espacio geográfico de una impresionante diversidad biológica con cerca de 8.000 especies vegetales y entre 50.000 y 60.000 especies animales queremos destacar como norma sobresaliente la Ley 4/1989, sobre conservación de los espacios naturales y de la flora y fauna silvestres, que establece el marco jurídico para toda España en materia de conservación de la naturaleza y ordenación de los recursos naturales, así como el esquema de distribución de competencias entre las Administraciones Central y Autonómicas.

Aunque de manera muy dispar, las Comunidades Autónomas han desarrollado la ley general, existiendo ya un nutrido cuerpo de normas territoriales sobre áreas protegidas, recuperación de especies, ordenación de recursos, etc. En 1995 gran parte de su contenido fue revisado por la sentencia 102/1995 del Tribunal Constitucional que suprimió la posibilidad de utilizar normas de caza para la protección de especies y obligó a cogestionar los Parques Nacionales, además de sentar otros principios básicos en materia de conservación de la naturaleza.

Sin embargo, la Ley 4/1989, por prematura, incorpora muy pocos de los mandatos del Convenio sobre Diversidad Biológica (1992). Por otro lado, la necesidad de adaptar la legislación a algunos puntos de la Directiva de Aves motivó la promulgación de la Ley 40/1997 descentralizando la captura de aves en las Comunidades Autónomas y la Ley 41/1997 adaptó el régimen de los Parques Nacionales a la Sentencia 102/1995 del Tribunal Constitucional.

Por todo ello, se ha acordado la necesidad de acometer la puesta al día de la Ley 4/1989. En primer lugar, urge adaptar la normativa vigente al espíritu del Convenio de Río, incorporando a su texto las figuras de protección que no incluye actualmente, como las ZEPA’s, la red Natura 2000 y las Reservas de la Biosfera, permitiendo y regulando las figuras de derecho civil privado de gestión de espacios, y las nuevas reservas marinas, replanteando las técnicas operativas para la gestión de especies amenazadas, integrando, en su caso, la red de espacios con los de carácter municipal, autonómico o privado, regulando la conservación ex situ y el acceso a los recursos genéticos. Asimismo, deberá prever los incentivos económicos, regular la evaluación de impacto sobre la biodiversidad y crear los órganos de coordinación entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas que sustituyan a la Comisión Nacional de Protección de la Naturaleza, haciéndola delegada de la Conferencia sectorial de Medio Ambiente.

Esta Ley consta de un total de 41 artículos, seis títulos y diversas disposiciones derogatorias, adicionales y finales. En su primer título, cabe destacar la mención a los principios inspiradores de la ley y que son: el mantenimiento de los procesos ecológicos, la preservación de la diversidad genética y la utilización ordenada de los recursos, además de resaltar expresamente la capital importancia de las acciones de educación ambiental en este campo.

Otras aportaciones fundamentales son la configuración de los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN, Título II), la regulación de los espacios naturales protegidos (Título III) y la creación del Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (Capítulo II del Título IV).