La preocupación por las Aves se concreta por primera vez en 1979 con la promulgación de la Directiva 79/409/CEE, sobre la conservación de las aves, implementada en el ámbito español por la Ley 4/89, de 4 de Marzo, de conservación de la naturaleza, la fauna y la flora silvestre.

Esta Directiva establece un sistema de protección general con base territorial para todas las especies de aves que viven en libertad en territorio europeo. No sólo procura el control de la caza y captura de aves silvestres y la protección de sus huevos y nidos, sino que requiere además el mantenimiento de una diversidad y una superficie de hábitats suficientes para mantener las poblaciones de aves.

En sus distintos anexos, se recogen las especies particularmente vulnerables que deben contar con medidas especiales de conservación de sus hábitats para asegurar su supervivencia y reproducción, las especies que pueden cazarse con las limitaciones oportunas, los métodos de caza prohibidos y las especies que pueden ser comercializadas.

Estos anexos han sido modificados posteriormente, bien para ampliar el número de especies incluidas en los mismos (Directiva 85/411, Directiva 91/244 y Directiva 92/24), bien para añadir los nombres vernáculos de aquellos países incorporados con posterioridad a la fecha de promulgación de la Directiva Aves (Directiva 81/854 y Directiva 86/112).

El Anexo I de esta Directiva lista las especies de aves que deberán ser objeto de medidas de conservación especiales en cuanto a su hábitat, con el fin de asegurar su supervivencia y su reproducción en su área de distribución (Punto 1 del Artículo 4 de la Directiva 79/409). Sobre el territorio en cuestión se ha constatado la presencia de cuarenta y siete de esas aves, aunque con una fenología muy diferente que tiene importantes repercusiones en la gestión y conservación de sus hábitats. De este modo, sólo seis especies mantienen poblaciones sedentarias, nidificantes o invernantes,  mientras que veinte son migradores observados de forma habitual y veintiuno aparecen sólo ocasionalmente, ya sea en movimientos migratorios o erráticos.

De esta Directiva 79/409/CEE emana la obligación para los estados miembros de designar como Zonas Especiales de Protección para las Aves (ZEPA’s) los territorios más apropiados para la conservación de las especies incluidas en el Anexo I y de las especies migratorias no incluidas en el mismo, prestando especial atención a la protección de las zonas húmedas.

En la actualidad y en el caso de España, las ZEPA’s designadas hasta 2016 suman un total de 644, con una superficie de 50.622.367,55 Hectáreas, que supone el 20,01 del territorio de las Comunidades Autónomas y casi el 35% de todas las designadas en el ámbito comunitario.